UDC RESPALDA LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y LA AUTONOMÍA DE ORGANISMOS PÚBLICOS

El grupo parlamentario de Unidad Democrática de Coahuila (UDC) propuso un exhorto a la Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal, para que respete la autonomía del Instituto Nacional Electoral, y explore con seriedad, una ruta viable que no vulnere el derecho a la vida privada y la protección de los datos personales de las y los ciudadanos mexicanos.

El grupo parlamentario de Unidad Democrática a través del Diputado Emilio Alejandro De Hoyos Montemayor, planteó el punto de acuerdo que fue turnado a la comisión de Gobernación y donde expone la importancia de respeto de la autonomía, el derecho de los ciudadanos a resguardar sus datos personales y la división de poderes.

El legislador destacó que en las últimas semanas la Secretaría de Gobernación, solicitó de manera formal al Instituto Nacional Electoral, la entrega de los datos biométricos de todos los mexicanos vinculados al padrón de electores para generar la cédula única de identificación. Hecho que ha generado un álgido debate público.

“Si bien la solicitud de la Secretaría de Gobernación es con motivo de integrarlos en el proyecto de la creación de una Cédula Única de Identificación, ya que ésta Secretaría tiene a su cargo el registro y la acreditación de la identidad de todas las personas residentes en el país y de los nacionales que residan en el extranjero, es con motivo del artículo cuarto transitorio del decreto publicado en el diario Oficial de la Federación el 22 de julio de 1992, el que establece que ´en tanto no se expida la cédula de identificación ciudadana, la Credencial para Votar podrá servir como medio de identificación personal en trámites administrativos´”, destacó.

Ante ello sostuvo hoy el INE sigue siendo es garante de la protección de la base de datos más grande del país, de los datos sensibles de todos los mexicanos, los cuales, al día de hoy, ha protegido a cabalidad y le ha hecho acreedor al reconocimiento de instituciones nacionales e internacionales.

“Y, por tanto, debe respetarse tanto su autonomía, como su actuar, recordando que la actividad gubernamental ajustada al derecho, y la separación de poderes, son la única garantía del ejercicio de derechos y libertades”, enfatizó.

Refirió que existen dos aspectos fundamentales que deben respetarse en este tema: Primero, la autonomía, entendida esta como una forma de división del poder, basada en la distribución de competencias sobre determinadas materias, en este caso, la función estatal de organizar las elecciones, la cual, a partir de 1996, en términos del artículo 41 constitucional, debe realizarse por conducto de un organismo público y autónomo: el otrora Instituto Federal Electoral, hoy Instituto Nacional Electoral a partir de la reforma constitucional del 2014.

Y el segundo aspecto, que en términos del mismo artículo 41, Constitucional, segundo párrafo, base V, apartado A, párrafo segundo, los principios rectores en el ejercicio de las funciones del INE son la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. Es decir, que el actuar del Instituto debe ceñirse con apego irrestricto a la ley.

Adicionalmente a ello es importante destacar que de acuerdo a la Ley General de Protección de Datos personales en posesión de sujetos obligados el INE debe observar el artículo séptimo de dicha ley, la cual establece que “Por regla general no podrán tratarse datos personales sensibles, salvo que se cuente con el consentimiento expreso de su titular”.

Es importante que los datos personales que obran en la base de datos del INE, se encuentran: la firma, la fotografía, y las huellas dactilares de todos los ciudadanos mexicanos empadronados, los cuales son catalogados como datos personales sensibles y por tanto requieren necesariamente del consentimiento de sus titulares para su tratamiento, luego entonces, para poder dar cumplimiento a la solicitud de la base de datos del Instituto por parte de la Secretaría de Gobernación, es necesario, el consentimiento de cada titular de ese derecho.

El legislador destacó que el tema es serio y no sólo un trámite burocrático debido a que implica el respeto a los derechos humanos como el derecho a la vida privada y la protección de los datos personales de millones de ciudadanos mexicanos, reconocidos y protegidos por el artículo 16 de nuestra Constitución, por el artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos civiles y Políticos, y por el artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

“Hablar de regímenes democráticos contemporáneos, o de democracias constitucionales, nos obliga a hablar de dos elementos básicos, que como mínimo debe incluir cualquier texto constitucional, que son, el establecimiento de derechos de las personas, y la división de poderes”, reiteró.