PUNTO DE ACUERDO DE UDC SOBRE INVESTIGACIONES IMPARCIALES Y APEGADAS A DERECHO (TEXTO INTEGRO)

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTAN DE MANERA CONJUNTA LOS DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO “BRIGIDO RAMIRO MORENO HERNÁNDEZ” DEL PARTIDO UNIDAD DEMOCRÁTICA DE COAHUILA A TRAVÉS DEL DIPUTADO EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR PARA SOLICITAR A LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO NOS INFORME RESPECTO A LAS DENUNCIAS QUE HA TURNADO A LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA.

CON SU VENIA DIPUTADO PRESIDENTE

H . DIPUTACIÓN PERMANENTE.

PRESENTE.-

El suscrito Diputado Emilio Alejandro De Hoyos Montemayor, del Grupo Parlamentario “Brigido Ramiro Moreno Hernández” del Partido Unidad Democrática de Coahuila, conjuntamente con las Diputadas y Diputados que también suscriben el presente documento, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 21, fracción VI, 179, 180, 181, 182 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, nos permitimos presentar a esta soberanía la presente Proposición con Punto de Acuerdo a través de la siguiente exposición de motivos.

EXPOSICION DE MOTIVOS

En las últimas semanas hemos dado cuenta por los medios de comunicación, que la Fiscalia General de Justicia del Estado a cargo del Lic. Gerardo Márquez Guevara lleva a cabo diversas investigaciones en distintos municipios del Estado sobre los “posibles” delitos de peculado y “desviación de recursos”.

Uno de los compromisos que hicimos como Diputados de Unidad Democrática de Coahuila es formar parte de una Legislatura responsable, una oposición crítica que construya acuerdos y que señale los actos que no se apeguen al principio de legalidad.

Dijimos también que íbamos a estar pendientes que las acciones de todas las entidades de gobierno no sirvieran con fines partidistas.

También fuimos claros que como oposición fijaríamos reglas de acción para construir a favor de Coahuila.

Sin embargo nos preocupa que las investigaciones dadas a conocer a medios de comunicación impresos no respeten el debido proceso, el principio de presunción de inocencia, el derecho de audiencia y el derecho de defensa de los señalados.

A través de los medios, nos hemos encontrado que la Auditoria Superior del Estado ha interpuesto querellas contra autoridades municipales y entidades de gobierno. Las primeras a los municipios de Acuña, Frontera, Sabinas, Jiménez y San Pedro.

El Auditor del Estado en ningún momento ha informado sobre estos temas y los asuntos pendientes de dicho organismo y así como las denuncias realizadas ante la Fiscalia.

Después de haber leído de forma completa dichas notas periodísticas nos queda claro que la Fiscalia está actuando sin apego a sus obligaciones, sin respetar el debido proceso, el derecho de audiencia y defensa de los acusados, así como el principio de presunción de inocencia, tal y como lo establece el artículo 14; 16; 19; y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y diversas disposiciones de la Convención Americana de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, y demás tratados internacionales que en materia de Derechos Humanos México ha suscrito.

La Fiscalía tiene el deber jurídico de respetar las formalidades esenciales del procedimiento. Por ello, para cualquier acto que pudiere traer como consecuencia la imposición de una sanción, la autoridad investigadora estatal debe garantizar al probable afectado el ser escuchado con la debida oportunidad, pues en ese caso el derecho deriva de lo dispuesto en los artículos 14 y 41 de la Constitución federal.

Además, como han señalado las mismas personas “presuntamente” involucradas, todavía no han sido notificadas de la investigación, ni de los hechos con que se les acusa, cuando el Fiscal daba declaraciones a los medios, sobre detalles de las mismas. Tal es caso del ex alcalde de Acuña quién fue notificado cuatro días después de las publicaciones en medios.

En Unidad Democrática de Coahuila lo hemos dicho en público y privado, estamos a favor de la transparencia y la rendición cuentas. No tenemos miedo al escrutinio, a la investigación, a que se exhiba a los funcionarios públicos que no han hecho su trabajo conforme a la Ley, sin importar filiaciones políticas.

En este nuevo compromiso de la Fiscalia y la Auditoria de impartir justicia de manera pronta y expedita, quisiéramos saber sobre los avances que se tienen con respecto a las investigaciones sobre:

• Las empresas fantasmas detectadas en la pasada administración estatal que ascienden a desvíos de más de 410 millones de pesos.
• ¿Ya encontraron dónde están los 150 millones de pesos que se le perdieron al Poder Judicial? en el tan sonado caso Ficrea.
• Ya le tienen una respuesta a los maestros que siguen sin saber qué pasó con el dinero de sus pensiones.
• Seguimos esperando se nos informe sobre los destinos de las cuotas anuales de la Promotora para el Desarrollo Minero (Prodemi)
• ¿Qué ha pasado durante dos sexenios con una deuda que crece y deja en números rojos a nuestro estado?

La Fiscalía no puede callar ante ciertas demandas y abrirse sobre otras. Ante este escenario estaríamos pensando que se trata de una acción ligada y sometida a intereses partidistas con el objetivo de beneficiarse en el proceso electoral que se desarrolla en la entidad.

Resulta preocupante que el Fiscal recién nombrado actúe con parcialidad y emita declaraciones públicas que prejuzgan respecto a las denuncias presentadas en contra de las personas mencionadas, hecho que puede generar que las investigaciones se realicen de manera sesgada y sin apego a la ley.

Es fundamental que el Auditor Superior del Estado cuide cada informe especial o información en proceso de investigación, como lo señala el artículo 48 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización.

Los Diputados que suscribimos este punto de acuerdo requerimos y exigimos que la Auditoria Superior del Estado informe de manera clara sobre estas denuncias.

El artículo 58 al pie de la letra establece: La Auditoria Superior informará al Congreso, por conducto de la Comisión, el estado que guardan las observaciones, recomendaciones y demás acciones que deriven de los resultados de las auditorias practicadas, con los datos disponibles al cierre del primer y segundo semestre de cada año. La información señalada será turnada por la Auditoria Superior al Congreso, dentro del mes siguiente al cierre de cada semestre.

El informe de seguimiento se elaborará con base en el formato, lineamientos y criterios que al efecto establezca la Auditoria Superior.

Además, en dicho informe se especificará la atención a las recomendaciones al desempeño y las acciones promovidas con ese motivo.

Ante lo expuso presento a la Comisión Permanente del H. Congreso del Estado el siguiente punto de acuerdo con carácter de urgente y obvia resolución.

PRIMERO: Que esta Soberanía solicite a la Auditoria Superior del Estado, realice un informe a esta Legislatura a través de la Comisión de Auditoria y Cuenta Pública de cuántas denuncias ha turnado a la Fiscalia General del Estado de Coahuila por presuntas irregularidades encontradas en ejercicios fiscales anteriores, mencionando a qué autoridades, instituciones y dependencias involucran, cuáles son los motivos de las mismas y la fecha a partir de la cual están realizando dichas denuncias.

SEGUNDO: Bajo la lógica de que es una Fiscalia autónoma alejada de intereses partidistas, que esta Soberanía solicite a la Fiscalía de Justicia del Estado un informe detallado de las investigaciones que realiza derivadas de todas las denuncias que ha presentado la Auditoría Superior del Estado.

TERCERO: Que esta Soberanía realice un exhorto al Fiscal General de Justicia del Estado a conducirse de manera imparcial en sus actividades de investigación como lo establece la Legislación vigente.

POR UN GOBIERNO DE CONCERTACIÓN DEMOCRÁTICA.
GRUPO PARLAMENTARIO “BRIGIDO RAMIRO MORENO HERNÁNDEZ”

SALTILLO, COAHUILA A 31 DE ENERO DE 2018.

DIPUTADO EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR

DIPUTADA ZULMMA VERENICE GUERRERO CÁZARES

DIPUTADO EDGAR GERARDO SÁNCHEZ GARZA