PROPONE UDC REFORMAS GARANTIZAR LA PROTECCIÓN DE MENORES ANTE DELITOS E INFRACCIONES

El grupo parlamentario de Unidad Democrática (UDC) de Coahuila propuso diversas reformas a la Ley del Sistema Estatal para la Garantía de los Derechos Humanos de Niños y Niñas del Estado de Coahuila de Zaragoza para respetar la protección de los menores ante el caso de la comisión de un delito o una falta administrativa.

“Esta iniciativa pretende instrumentar un mecanismo en el que, entre padres de familia y gobierno, haya coordinación para la efectiva responsabilidad de la protección del interés superior del menor”, expuso el coordinador de los Diputados de Unidad Democrática de Coahuila (UDC), Emilio Alejandro De Hoyos Montemayor.

La iniciativa propone adiciona el articulo Artículo 89 BIS para que la Procuraduría garantice que las niñas y niños o adolescentes a quienes se atribuya la comisión o participación en un hecho que la ley señale como delito se les reconozca que están exentos de responsabilidad penal y que no serán privados de la libertad ni sujetos a procedimiento alguno, así como a quienes se atribuya la comisión de conductas que infringen la normatividad administrativa y solo serán sujetos a la asistencia social con el fin de restituirles, en su caso, en el ejercicio de sus derechos.
Y sin perjuicio de las responsabilidades civiles que correspondan a quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia, conforme a las disposiciones aplicables.

La reforma también adiciona un párrafo al artículo 92 de la misma Ley y establece que tratándose de conductas atribuidas a niños y niñas, que impliquen infracciones a las leyes penales o normas administrativas, quienes ejerzan la patria potestad, tutela o custodia, deberán asistir obligatoriamente a los cursos de desarrollo familiar y paternidad que fije la Procuraduría.

Y establece que la persona que, ejerciendo la patria potestad o tutela del menor, no asista a los cursos de desarrollo social y paternidad fijados por la autoridad en el plazo y forma señalados, se le impondrá una sanción, consistente en una multa entre las 100 y las 1000 unidades de medida actualizada.

De igual manera cuando quien ejerza la patria potestad o tutela de un menor infrinja lo dispuesto por este artículo por tercera ocasión consecutiva, se le impondrá, además, una sanción consistente en el arresto por 36 horas. Dicha sanción no podrá ser conmutada.

De Hoyos Montemayor, refirió que la iniciativa también busca proteger la integridad de los menores de edad y, garantizar su sano desarrollo y para ello propone establecer líneas de acción integrales, en las que tanto autoridades del Estado, como de los padres, tutores o custodios de menores de edad sean coadyuvantes para los casos en que se vea involucrado el mismo en hechos o conductas ilícitas.

“Buscar en todo momento que, en caso de que tenga verificativo algún hecho tipificado como delito o falta administrativa, el menor de edad sea custodiado por la autoridad hasta en tanto el adulto responsable de este no lo tome a su cuidado”, refirió.

En el cuidado y la formación de menores detalló es necesario hacer equipo y no dejar toda la carga a la autoridad a resolver temas primordiales como la crianza de los menores cuando se ven envueltos en situaciones penosas.

“La sociedad en conjunto contribuye al desarrollo de ciudadanos libres, responsables, autónomos y sanos. Como sociedad debemos respetar normas de convivencia y fortalecer el desarrollo de una niñez y juventud plena”, expuso.

Esta iniciativa que fue turnada a comisiones, expuso tiene fundamentos en los instrumentos legislativos nacionales e internacionales para dotar a los menores de una vida sana y libre de violencia.