Propone UDC fortalecer derechos de las comunidades afromexicanas en Coahuila

El Grupo Parlamentario de Unidad Democrática de Coahuila (UDC) propuso una reforma constitucional para brindar reconocimiento constitucional a las comunidades afroamericanas en Coahuila.
La propuesta presentada por la Diputada Zulmma Verenice Guerrero Cázares conjuntamente con el Diputado Emilio Alejandro De Hoyos Montemayor destaca que en Coahuila de Zaragoza, de acuerdo a la Coordinación General de Planeación y Evaluación de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, se estima que en 2015 habitaban 13,349 personas indígenas, así como 253 personas afromexicanas pertenecientes al pueblo mascogo en el año 2013, según el Gobierno del Estado. A nivel nacional, para 2015 en Coahuila habitaban el 0.5% de la población indígena de México.
Sin embargo, sostuvo las Leyes en Coahuila apenas han reconocido su existencia.

Dijo que las referencias provenientes desde la administración pública local también han sido escasas y, en su caso, confusas. En los últimos años destaca el Decreto 803 del martes 16 de mayo de 2017 mediante el que “Se autoriza que se declare como grupo étnico del Estado de Coahuila de Zaragoza a la Tribu de Negros Mascogos”. Dicho decreto, sin embargo, equivocadamente considera a la mencionada tribu como “pueblo indígena”. Es decir, contrario a las distinciones conceptuales ya mencionadas anteriormente.

Guerrero Cázares expuso que la reforma tiene como objeto comenzar a reparar esas graves omisiones a través de dos objetivos iniciales: marcar una pauta para la adecuación de la legislación local a los más altos estándares internacionales e interamericanos a través de una reforma a la constitución local, y reconocer expresamente la existencia de los pueblos indígenas y afromexicanos que habitan en el Estado, corrigiendo las distinciones que se han ignorado entre estos pueblos en la legislación nacional y las medidas administrativas locales.

Con la propuesta de adecuación a diversos artículos del capítulo V Constitucional se propone el reconocimiento de las personas, comunidades y pueblos indígenas y tribales de Coahuila desde la Constitución, garantizando a través de esta sus derechos a la libre determinación, autonomía, desarrollo e inclusión social dentro del marco internacional, Constitucional federal y local, y acorde a las leyes del Estado.

Además, dispone la sola conciencia de la identidad o pertenencia de las personas indígenas y afromexicanas a estos pueblos y comunidades como criterio fundamental para que se les apliquen dichas disposiciones.
“Las adecuaciones Constitucionales aquí expuestas tienen por objetivo, en términos generales, ayudar a la garantía de los derechos de las personas indígenas y afromexicanas con la finalidad de revertir esas circunstancias. De esta forma, es mediante la formulación de instrumentos legales y constitucionales de avanzada que, a través de disposiciones acordes a los más altos estándares internacionales, se busca lograr la igualdad sustancial de los grupos socialmente desfavorecidos, en plena observancia a la justicia social”, enfatizo.

La Legisladora destacó entre los argumentos que el “Convenio (No. 169) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes”, en vigor en México desde el 5 de septiembre de 1991, que realiza distintas distinciones útiles para la legislación nacional de México.

Refirió que, en segundo lugar, más recientemente, la Declaración de la Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, adoptada por México, alienta a los Estados “a que respeten y cumplan eficazmente todas sus obligaciones para con los pueblos indígenas dimanantes de los instrumentos internacionales, en particular las relativas a los derechos humanos, en consulta y cooperación con los pueblos interesados.

La reforma expuso también dispone desde el texto constitucional local la protección, promoción y garantía del desarrollo de la cultura, lenguas, usos, costumbres, tradiciones, sistemas normativos y formas de organización social, política y económica de las comunidades indígenas y tribales asentadas en el Estado, garantiza a sus integrantes el acceso pleno a los derechos señalados en el marco normativo aplicable