PROPONE UDC CONSULTA PARA GARANTIZAR DERECHOS ELECTORALES DE COMUNIDADES INDÍGENAS EN MÚZQUIZ

El Pleno del Congreso del Estado aprobó realizar una ruta de trabajo y consulta con las comunidades indígenas locales Kikapoo y negros Mascogos con la presencia de los 25 Diputados que integran la Legislatura con la finalidad de escuchar sus inquietudes su representación en el Cabildo de Múzquiz y posteriormente realizar modificaciones legislativas y así garantizar sus derechos político-electorales, esto a propuesta del grupo Parlamentario de UDC.

El Congreso del Estado aprobó que dicha consulta sea organizada a la brevedad en el municipio Múzquiz por las Comisiones de Gobernación, Puntos Constitucionales, Igualdad y No Discriminación y Atención a Grupos en situación de Vulnerabilidad.

La Diputada Local del Distrito 3, Zulmma Verenice Guerrero Cázares, destacó la importancia que el Congreso del Estado de Coahuila, cumpla con las reformas constitucionales al artículo 2 en materia de derechos y protección a los pueblos indígenas en el País que datan desde el 2001 y 2015.

“Existe una deuda histórica que no podemos dejar de lado. Por el simple compromiso que tenemos con los derechos de las comunidades indígenas y sus derechos políticos. Como Legisladora de dicho Distrito pugnaré para que se cumplan”, destacó.

La legisladora se refirió a la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Coahuila a través de la sentencia 28/2019 del pasado 5 de septiembre, respecto a los derechos de representación de la Tribu Kikapoo.

Destacó que es importante recordar que, de acuerdo con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), en el estado de Coahuila de Zaragoza se tienen reconocidas oficialmente las tribus Kickapoo y de negros Mascogos, asentadas ambas en la localidad del Nacimiento, municipio de Múzquiz, Coahuila.

Expuso que los promoventes de la inconformidad se quejaron de la omisión de Congreso del Estado de Coahuila para la armonizar la Constitución local y las leyes secundarias de conformidad a lo mandatado en el Decreto de reforma publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 2001.

Es de suma importancia el tema, contextualizó porque contempla la reforma al artículo 2 de la Constitución Federal, en el sentido de reconocer el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para decidir sus formas internas de organización social, económica, política y cultural, así como para elegir a sus autoridades y ejercer sus formas de gobierno internas.

En dicho decreto se señala la prohibición de la discriminación por motivos de origen étnico o nacional. Además, precisó que el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercería en un marco constitucional de autonomía y conforme a las disposiciones establecidas en las constituciones y leyes de las entidades federativas.

Se establece, además, que dicha autonomía, entre otras cosas, implica elegir, en los municipios con población indígena, representantes en los ayuntamientos, según lo regulen las entidades federativas.

Dicha reforma destaca en su artículo segundo transitorio del Decreto constitucional, dispone: “Al entrar en vigor estas reformas, el Congreso de la Unión y las Legislaturas de las entidades federativas deberán realizar las adecuaciones a las leyes federales y constitucionales locales que procedan y reglamenten lo aquí estipulado”.

En el 2015 detalló se llevó nuevamente una reforma al artículo 2° constitucional, cuyo objetivo fue fortalecer los mecanismos de protección a los derechos político electorales de la ciudadanía que pertenezca a un pueblo o comunidad indígena y que se ha visto excluida de participar en los procesos electorales municipales, específicamente en diversos municipios regidos por el sistema de usos y costumbres o sistemas normativos internos.

También tuvo como fin establecer condiciones de igualdad dentro de las propias comunidades o pueblos indígenas, fortaleciendo el derecho de participación política, precisando que los sistemas normativos internos no podían ser contrarios a los derechos humanos, particularmente los político-electorales.

En el mismo sentido, el artículo segundo transitorio, estableció: “Las legislaturas de las entidades federativas adecuarán sus respectivas Constituciones, así como la legislación correspondiente, conforme a lo dispuesto en el presente Decreto en un plazo no mayor a 180 días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto”.

La sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Coahuila es clara destacó:

“…A la fecha han trascurrido más de dieciocho años y, durante ese periodo se han renovado a los integrantes de los ayuntamientos en diversas ocasiones sin que se cuente con una representación indígena municipal.

Por tanto, es indispensable que el Congreso Local acate lo ordenado en las normas transitorias, pues esta forma parte integrantes de la misma Constitución Federal y, por ende, su observancia es obligatoria”.

La Legisladora priorizó que es importante que el Congreso del Estado ajuste de manera urgente la Constitución del Estado y los ordenamientos conducentes a lo dispuesto en el artículo 2°, apartado A, fracción VII, de la Ley Fundamental, en lo concerniente al reconocimiento de los derechos políticos-electorales de las comunidades indígenas ante el ayuntamiento de la entidad, a través de la figura de la representación indígena.

Para ello primero, destacó es importante, hacer la consulta con las comunidades y posteriormente expedir los ordenamientos que estime necesarios, en concordancia con el contenido del artículo 2°, apartado A, fracción VII de la Constitución Federal, por lo que respecta al reconocimiento de los derechos político-electorales de los pueblos y comunidades indígenas en el Estado.

La Consulta directa como lo establece el Tribunal Electoral, citó una constituye una garantía y medio de protección del derecho a la libre determinación y participación de los pueblos y comunidades indígenas en asuntos públicos.