Plantea UDC que las direcciones de Ayuntamiento sean 50% para mujeres y 50% para hombres

El Grupo parlamentario de Unidad Democrática de Coahuila (UDC) presentó una reforma a la Constitución Política de Coahuila para que las designaciones de las y los funcionarios de la administración pública municipal que se desempeñen como titulares en las direcciones y órganos equivalentes deberán garantizar el principio de paridad de género. Es decir 50% deberán ser encabezados por hombres y el otro 50% por mujeres.

Los Diputados de UDC, Emilio Alejandro De Hoyos Montemayor y Zulmma Verenice Guerrero Cázares destacaron que tienen un firme compromiso en el desarrollar iniciativas y acciones que permiten fortalecer los liderazgos ciudadanos y políticos de las mujeres.

El Diputado del Primer Distrito, destacó que la reforma propuesta al artículo 102 de la Constitución en materia de la administración pública significa un avance en el marco legislativo de Coahuila para fortalecer la paridad de género dentro de las instituciones públicas.

Recordó que en México desde hace años se han aprobado diversas reformas constitucionales en materia electoral que culminaron en el mandato de paridad de género y ha sido fruto del permanente trabajo y larga lucha de las organizaciones feministas y de mujeres, de políticas comprometidas y de la academia, han contribuido al reconocimiento y ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres en todo el país.

Por su parte la Diputada Guerrero Cázares recordó que gracias a esas reglas de paridad el Congreso del Estado está integrado por 14 mujeres y 11 hombres. Y hoy en la entidad hay 14 mujeres de las 38 Alcaldías.

“Como podemos ver, las reglas de la paridad nos han permitido superar ciertos obstáculos que inhiben, de diferentes maneras, la participación política de las mujeres”, refirió.

Los legisladores en la exposición de motivos de la iniciativa destacaron que pesar de los importantes avances, persisten cuestiones estructurales como la violencia política contra las mujeres en razón de género, que obstaculizan el ejercicio de sus derechos político-electorales en otros cargos de la vida pública, y constituyen un reflejo de la discriminación y los estereotipos de género.

“Podemos decir que la paridad y la violencia política contra las mujeres en razón de género se correlacionan entre sí. La primera como incentivo formal de participación en condiciones de igualdad numérica y la segunda como factor que desincentiva la participación, ingreso y permanencia de las mujeres en la arena político- electoral y del servicio público”, destaca la iniciativa.

Los Diputados udecistas, recordaron que los instrumentos internacionales como la CEDAW, en su artículo 7, acerca de la participación de la mujer en la vida pública y política ha decidido utilizar el término igualdad, esto, con el fin de ampliar el espectro para englobar el aspecto formal (formal o de iure) como la sustantiva (material o de facto); es decir, que no solo basta con que se establezcan las reglas en la normatividad, sino que estás se traduzcan en la realidad mediante el ejercicio del poder público por parte de las mujeres como sector históricamente discriminado.