Exhorta UDC a respetar los derechos humanos y aplicar medidas preventivas ante la contingencia

A propuesta del Grupo Parlamentario de Unidad Democrática de Coahuila (UDC) el Congreso del Estado aprobó de forma unánime, exhortar respetuosamente a las autoridades de todos los niveles de gobiernos para garantizar los derechos humanos y acudir acciones preventivas antes que las coercitivas que dañen la integridad de los coahuilenses.

El punto de acuerdo presentando por la Diputada, Zulmma Verenice Guerrero Cázares de manera conjunta con el Diputado Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor destaca que las autoridades deben hacer un esfuerzo para trabajar preventivamente y aplicar medidas que no excedan la integridad de todos los ciudadanos.

Por ello plantearon las siguientes propuestas:

• Atento exhorto a todas las autoridades del Estado: Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, las representaciones federales y a los Presidentes Municipales de los 38 municipios del Estado a continuar con el compromiso de aplicar acciones y medidas de forma preventiva que permitan fortalecer disminuir la pandemia del Covid-19, y sólo acuda a la imposición de acciones coercitivas como último recurso, en virtud del potencial de las mismas para afectar los derechos humanos de los coahuilenses.
• Exhorto de forma respetuosa a todas las dependencias que conforman el Poder Ejecutivo Estatal y los Presidentes Municipales de los 38 municipios del Estado para aplicar acciones y medidas de supervisión y vigilancia constante de las autoridades que ejecutan las medidas tomadas en la presente contingencia en toda la entidad para garantizar el respeto de los derechos humanos, así como para permitir el ejercicio de las labores de las personas, organismos y autoridades dedicadas a la defensa de los derechos humanos, tal como lo establece los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los lineamientos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante crisis sanitarias como la actual pandemia del COVID–19.
• Exhorto a las autoridades de todos los órdenes de Gobierno Federal, Estatal, Municipal, así como los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado, para que capaciten al personal que crea y aplica la acciones medidas para confrontar la actual la pandemia de COVID–19 de acuerdo a los estándares contenidos en las recomendaciones internacionales tanto universales y americanas, para garantizar el respeto y garantía de los derechos humanos de los coahuilenses.

Guerrero Cázares reconoció que, en Coahuila el Gobierno Federal, Estatal, el Poder Judicial del Estado, los órganos constitucionales autónomos y los 38 alcaldes han respondido oportunamente en las diferentes fases de la pandemia para cumplir con sus obligaciones constitucionales y legales.

Sin embargo, la voz de la sociedad en el ejercicio de sus actividades o al tratar de ejercerlas se ha enfrentado a problemas cotidianos relacionados con el libre tránsito, el derecho a la no discriminación, el derecho a la alimentación, la educación y el derecho a una vida libre de violencia.

Por ejemplo, citó a organismos de la sociedad civil como el Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios A.C” han anunciado que interpondrán diversos recursos legales ante la actuación de las autoridades y el penúltimo decreto del Ejecutivo publicado sobre la movilidad.
Las reacciones de la sociedad civil, dijo, deben motivar a tener en cuenta como necesaria la complejidad de la población coahuilense en la generación y aplicación de dichas medidas.

“Reiteramos que reconocemos el esfuerzo del Ejecutivo Estatal por su trabajo preventivo en coordinación con los Ayuntamientos y la iniciativa privada. Así como también la publicación de un tercer decreto donde establece la ampliación del periodo hasta el 31 de mayo las medidas para prevenir y controlar la propagación del COVID-19 y también donde se compromete y especifica que todas las medidas se “llevarán a cabo con el apego irrestricto a los derechos humanos””, sostuvo.

Sin embargo, dijo es importante dejar en claro la necesidad de proteger los derechos humanos aplicando medidas compensatorias que permitan el mejor ejercicio de los derechos antes que imponiendo medidas restrictivas que impidan su ejercicio.

“De esta forma, para la creación y aplicación de las medidas para superar esta crisis, tenemos que entender la cotidianidad de quienes son parte de poblaciones vulnerables, tales como quienes en nuestro Estado viven en zonas rurales o que tienen que necesidad de salir cada fin de semana a sus comunidades a revisar su viviendas o parcelas que por otro parte permiten fortalecer la agricultura rural”, expuso.

Así como también tener en cuenta los derechos de quienes pertenecen a sectores en riesgo, excluidas o históricamente discriminadas, tales como mujeres, población LGBTIQ+, niños, niñas y adolescentes, personas adultas mayores, indígenas o migrantes y demás personas cuyo contacto con las autoridades sanitarias o en general de las autoridades públicas se puede dar en contextos que generan violaciones adicionales en el ejercicio de los derechos.

“Y debemos también atender la necesidad de vigilar aspectos que pueden significar indirectamente la grave violación de otros derechos humanos. Este es el caso de la vigilancia que deben realizar las autoridades para evitar situaciones como que los precios de los productos básicos no se aumenten de forma irrazonable, como ha sucedido en localidades diferentes del Estado y tal como se ha reportado en localidades del municipio de General Cepeda en los últimos días, por señalar un caso”, enfatizó.

Por ello es importante tener como principio de la aplicación de dichas medidas la capacitación del personal presente en los filtros sanitarios, con la finalidad de evitar cualquier abuso o daño en nombre de la protección de salud por la pandemia. La aplicación en el marco legal y constitucional de dichas medidas será representativa del éxito o fracaso de estas.

“Dicha capacitación, además, debe estar complementada con acciones que permitan a la ciudadanía exigir la rendición de cuentas de las acciones y medidas tomadas por las autoridades, mediante mecanismos tales como la vigilancia constante de instituciones defensores de los derechos humanos como la Comisión de Estatal de los Derechos Humanos (CEDH). En este sentido, damos la bienvenida al acompañamiento que pueda realizar dicha Comisión y la supervisión que las mismas autoridades hagan en los retenes sanitarios”, expuso