El gobierno federal debe priorizar las energías renovables y no actuar en retroceso de un desarrollo económico que cuide el medio ambiente: UDC

El grupo Parlamentario de Unidad Democrática de Coahuila (UDC) pidió al Gobierno Federal explique al pueblo mexicano las repercusiones económicas y ambientales derivadas del Acuerdo por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 15 de mayo.

El coordinador de los Diputados de UDC, Emilio Alejandro De Hoyos Montemayor se refirió al acuerdo “Acuerdo por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional”, que en voz de expertos tendrá un impacto en el desarrollo y la operación de la industria de energías renovables instalada y en proceso de instalación en el país y que también contraviene a todos los compromisos internacionales en materia de desarrollo sustentable.

El punto de acuerdo que fue propuesto conjuntamente con la Diputada, Zulmma Verenice Guerrero Cázares destaca el desacato a las recomendaciones hechas por la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, que es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Economía, con autonomía técnica y operativa, y que tiene como objetivo promover la mejora de las regulaciones y la simplificación de trámites y servicios, y que en su momento informó a la Secretaría de Energía.

De Hoyos Montemayor contextualizó que la CONAMER consideró entre otras cosas, que el acuerdo podría tener implicaciones para los integrantes de la industria eléctrica, afectar sus derechos e incurrir en posibles costos por incumplimiento, sin embargo, la Secretaría de Energía hizo caso omiso y publicó dicho Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación (DOF), lo cual provocó la renuncia inmediata del titular de la CONAMER, el Doctor Cesar Hernández Ochoa, experto en regulación energética y hasta el pasado fin de semana, una de las pocas autoridades en el tema energético del Gobierno Federal.

“Y es que de una forma muy burda, el acuerdo se publicó sin seguir el proceso para emitir la Manifestación de Impacto Regulatorio (MIR) y sin ser sometido a consulta pública o a consideración de los industriales del país, como lo había señalado la CONAMER. Preocupa que Acuerdo publicado sin duda limitará la participación de la energía eléctrica producida por la centrales generadoras de energía solar fotovoltaica y eólica, ya que impone por un lado restricciones a nuevas centrales de generación de energías renovables, y limita la emisión de permisos para nuevas plantas eólicas o solares, además de que prohíbe la construcción de proyectos en lugares que considere congestionados o con poca capacidad de transmisión, y por otro lado, otorga al Estado el control total del sistema eléctrico”, detalló.

Dicha decisión federal limita la posibilidad de avanzar en a favor de las hacía el cuidado de las fuentes renovables de energía en consonancia con una tendencia mundial que busca por un lado, cuidar el medio ambiente, el cual se ha venido deteriorando en todo el mundo y como consecuencia ha acelerado el cambio climático en las últimas décadas.

Refirió que en esta transición de cambio de fuentes de energía de no renovables a sustentables muchas entidades, entre ellas Coahuila han trabajado en ello, como el caso del parque solar de Matamoros, el parque eólico en los límites de General Cepeda y Ramos Arizpe, o el Parque eólico en Acuña, el más grande de México y los cuales además de brindar grandes ahorros a los consumidores, constituyen inversiones millonarias muy importantes por más de 600 millones de dólares, y que generan empleo y derrama económica para el Estado, y es que recordemos, que no hay mejor programa social que un buen empleo.

“Resulta preocupante que mientras la tendencia internacional apunta a que la industria de energías renovables solar y eólica serán las dos áreas en las que se espera un mayor crecimiento a nivel mundial, medidas como las del pasado viernes por parte del Gobierno de México dañan considerablemente a un sector que reclama certidumbres, es decir, marcos regulatorios coherentes y a largo plazo que den seguridad a los inversionistas para que puedan instalarse y genera el desarrollo”, enfatizó.